Desde que el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario el pasado 13 de septiembre, el presidente Javier Milei confirmó que iba a vetar la legislación. Sin embargo, esperó a último momento y confirmó su rechazo a la legislación una vez finalizada la marcha federal. Pocas horas después, los bloques de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical pidieron una sesión especial para el próximo 9 de octubre en Diputados para debatir el veto en el recinto. 

Para confirmar o no el veto se necesita una mayoría de dos tercios de los votos. Es decir que, si asistieran los 257 diputados, se necesitarían al menos 171 votos en contra para rechazar la decisión presidencial. En este escenario, La Libertad Avanza no tiene garantizado los números -al menos, no todavía- y el Ejecutivo designó a Guillermo Francos para que negocie con los bloques dialoguistas junto a Martín Menem.

Al igual que sucedió con el veto a la reforma jubilatoria, el oficialismo espera volver a convencer a los 87 diputados que respaldaron el rechazo presidencial a la fórmula que hubiera permitido mejorar los haberes previsionales. Cabe recordar entonces que si bien la UCR anticipó su voto contrario al nuevo veto contra el Presupuesto Universitario, dentro de esos 87 legisladores hubo cinco radicales “díscolos”.

El Gobierno cuenta con los votos de los bloques del PRO, el MID y algunas fuerzas menores -además de los propios, claro- para intentar bloquear la mayoría. Así todo debe conseguir otros apoyos y le espera una ardua tarea por delante pues temen incluso que la posición del bloque amarillo no sea completamente unánime. 

El proyecto fue sancionado por amplias mayorías en ambas Cámaras del Congreso y Milei no sabe si puede conseguir los respaldos necesarios a su decisión por lo que ya analiza otras opciones como hasta judicializar el veto si el Congreso llegara a rechazarlo. 

Es que desde Casa Rosada sostienen que la Ley de Presupuesto Universitario “pone en riesgo la política de déficit cero". Sin embargo, la legislación implicaría un gasto adicional de $738.595 millones para las cuentas fiscales, un monto equivalente a apenas el 0,14% del PBI.