La Comisión Provincial por la Memoria denunció tareas de inteligencia ilegal durante la manifestación que llevaron adelante trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos en el predio de la exESMA para rechazar el vaciamiento del área, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y los despidos. 

La denuncia radicada ante la Justicia Federal sostiene que durante la actividad se evidenció la presencia de personal policial de civil entre los manifestantes y que tanto ellos como otros uniformados realizaron filmación y tomaron imágenes de las personas que participaban del reclamo. 

La presentación judicial asegura que estas tareas de inteligencia pudieron tener “como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la Ex ESMA y las organizaciones sociales que los acompañaban”. 

La CPM afirma que el “personal de civil deambulaba entre los convocados en las inmediaciones del sitio de memoria ex ESMA y luego interactuaba con los agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el lugar”.

"Sin embargo al requerir información a los encargados del operativo sobre esta situación respondieron que ‘todo el personal de la Policía de la Ciudad se encontraba identificado y que esas personas no estaban a su cargo’”.

Por ese motivo, la denuncia, asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, fue acompañada por fotografías y videos realizados por la propia Comisión para dar cuenta de la presencia de personal de civil y de policías realizando filmaciones de los y las manifestantes.

X de Comisión Provincial por la Memoria

Por su parte, el coordinador de Justicia y Seguridad Democrática del organismo, Rodrigo Pomares, aseguró que, con estas acciones, las fuerzas de seguridad incurren en una violación a la ley de inteligencia nacional que prohíbe la realización de tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales y personas presentes en manifestaciones por el solo hecho de participar de ellas.

“Queremos saber cuál era la orden de servicio concreto de estas personas porque no hay orden ni normativa para que puedan estar en una manifestación pública”, lanzó Pomares en diálogo con Radio Provincia. Además, el representante de la CPM aseguró que han detectado “que se filman todas las manifestaciones públicas y queremos saber cuál es el destino de esas filmaciones, porque no hay una orden de servicio que justifique la capacitación de imágenes en manifestaciones públicas”.

"Eso genera base de datos, registro fílmico. Es ilegal y contrario a la ley de inteligencia”, enfatizó. 

Por otro lado, en un cuestionamiento más general a la política represiva del Gobierno nacional, el organismo de DDHH advirtió que a lo largo del 2024 “puede desprenderse que la represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad que dan cuenta de una política planificada que busca limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores”.

La CPM elaboró un informe que cuenta con datos hasta el 30 de noviembre de 2024. Allí se detalla que en 34 de las 60 manifestaciones monitoreadas se registraron acciones y hechos asociados a prácticas de inteligencia ilegal.