Ramos Padilla declaró inconstitucional el decreto con el que Milei designó a García Mansilla y a Lijo
La Justicia le puso otro límite al Presidente. Se fundamenta en la falta de precedentes en la historia constitucional argentina que respalden la práctica de nombramientos en comisión de jueces de la Corte Suprema
El juez Alejo Ramos Padilla, quien se encuentra al frente del Juzgado Federal Número 2 de La Plata, emitió un fallo el jueves 17 de abril que declaró la "inconstitucionalidad e inconvencionalidad" del decreto presidencial que designó en comisión a los jueces de la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.
Esta decisión se fundamenta en la falta de precedentes en la historia constitucional argentina que respalden la práctica de nombramientos en comisión de jueces de la Corte Suprema. Ramos Padilla argumentó que, en el último siglo, ningún presidente elegido por el voto popular había realizado tales nombramientos en comisión, lo que pone en cuestión la legitimidad de la acción del Poder Ejecutivo.
El juez también destacó que García-Mansilla solo ocupó su cargo en la Corte durante un breve período de 40 días antes de renunciar, y que Lijo ni siquiera llegó a asumir formalmente, ya que buscaba mantener su posición en los tribunales de Comodoro PY a través de una licencia oficial.
Ramos Padilla advirtió al Gobierno que la única vía constitucional para el nombramiento de jueces supremos es mediante una propuesta del Poder Ejecutivo que debe ser aprobada por dos tercios de los miembros del Senado. En su fallo, enfatizó que nombrar jueces por decreto representa un avasallamiento de la forma republicana de gobierno, socava la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y la garantía de un juez imparcial.
A pesar de anular el decreto, el juez decidió validar todas las medidas que tomó García-Mansilla durante su breve mandato en la Corte, con el objetivo de evitar perjuicios innecesarios a los destinatarios de dichas resoluciones y para no generar un clima de incertidumbre e inseguridad jurídica.
Este fallo es consecuencia de un amparo colectivo presentado por diversas organizaciones, como el CEPIS, Poder Ciudadano, ACIJ, CELS e INECIP, así como por Fernando Cabaleiro, que buscaban invalidar el decreto 137/2025, que fue emitido por el presidente Javier Milei para formalizar estos nombramientos.