Conforme pasan los días, mayor es la evidencia que apunta a que la entrega de la planta de GNL a Río Negro en lugar de a Buenos Aires poco tuvo que ver con cuestiones técnicas. Lejos de ello, la razón de más peso parece ser la política, como lo confirma el polémico acuerdo que alcanzó el distrito patagónico con el presidente Javier Milei en las últimas horas: contenta por la recepción de la obra, la provincia le devolverá el generoso favor avalando la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia.

La información fue confirmada por el propio gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, mandatario que supo integrar aquel grupo de rebeldes patagónicos que le declaró la guerra a la Casa Rosada pocos meses atrás. Con aquella postal ya en el espejo retrovisor, la provincia se muestra ahora más cercana que nunca al Gobierno Nacional, principalmente gracias a la gigantesca mano que le dio Milei al empujar para que YPF y Petronas lleven su mega inversión al Sur Argentino.

Pero la provincia ya recibió, ahora le toca dar; y lo que está en juego es nada menos que el doble nombramiento que prepara la Presidencia para la Corte Suprema de Justicia, que en la práctica significa la reforma del 40% de los integrantes del máximo tribunal judicial de la Nación. Los nominados para la tarea son los magistrados Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, resistidos por gran parte del arco político. Ante el complicado panorama libertario, Weretilneck accedió y puso manos a la obra a través de su bloque Juntos Somos Río Negro en el Senado.

“No tenemos ningún problema con ninguna de las dos candidaturas”, resolvió lisa y llanamente el gobernador sureño. En todo caso, matizó las declaraciones realizadas al diario Clarín con una pequeña discusión que, sea todo dicho, pocas chances tiene de surtir efecto alguno: “Pero el aspecto de género es un tema importante, y también la cuestión del federalismo”. Sobre la mesa quedaron las cartas del toma y daca que une hoy a la Casa Rosada y a Viedma, con la expectativa aún presente de qué otras provincias patagónicos se sumarán al impulso a favor del cuestionado Lijo.