Stornelli, el fabricante de imputaciones que se alió a la cacería de Milei y Bullrich

Hay un nombre propio de la “casta” judicial que en la última semana volvió a tomar centralidad en la escena pública, luego de la aprobación en el Senado de la Ley Bases, y la represión contra los manifestantes y los destrozos en la vía pública.

Se trata de Carlos Stornelli, un conocido por cada uno de los poderes políticos de turno en la Argentina, cultor de un perfil alto, con un prontuario de polémicas intervenciones en el ámbito de la Justicia federal, que lo posicionaron siempre en la estima y el amiguismo de administraciones de diversos signos políticos.

Hoy es un aliado incondicional de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y un complemento crucial para el discurso criminalizador del Gobierno nacional, tras el violento operativo afuera del Congreso y desmanes que se produjeron en los alrededores del recinto, que arrojaron un saldo de 33 detenidos.

En las últimas horas, en un gesto que tiene que ver más con la especulación política que con la labor administrativa judicial, por la cantidad de días en los que decenas de personas estuvieron en cautiverio, sin evidencia alguna de culpabilidad, la jueza que interviene en la causa, María Servini, determinó la liberación de 11 de los 16 detenidos que quedaban en las cárceles de máxima seguridad del país. Ya había liberado a una primera tanda de 17 personas.

La jueza destrozó la acusación de Stornelli, tuvo que admitir que las detenciones no fueron justificadas, y señaló a la policía por las contradicciones de las actas y declaraciones. Sin embargo, el daño estaba hecho y 33 personas pasaron varios días en prisiones de máxima seguridad.

En la declaración en la que detalla la falta de mérito para liberar a los detenidos, donde abundan los elementos para inferir el faltante de imágenes y elementos incautados, la jueza debió expresar que:

1. Uno de los detenidos narró que las actas de su secuestro fueron labradas por la misma Policía Federal de Bullrich, y que por tanto no hubo testigos externos que expresen su consentimiento por el operativo de detención.
2. Servini expresó que en su juzgado no contaba con los registros del epicentro de la represión en el Congreso, ni con videos ni registros de la represión y de las agresiones.
3. Se destaca que el subcomisario Sergio Ariel Ferrer de la Brigada 8 se llevó detenidas a dos personas, acusadas de haber tirado piedras. Pero se señala que él solo habría recogido esas detenciones de otros compañeros policías que los habían reprendido en pleno acto de los delitos. Sin embargo, la jueza recalca que Ferrer no podía confirmar esos hechos y que no estaba presente en ese momento de los disturbios.
4. La jueza asevera que el inspector Diego Lombardeo de la USIC 103 que detuvo a tres personas, por supuestamente arrojar piedras y golpear con sus banderas, nunca hizo la declaración correspondiente, y no hay videos que demuestren estos delitos.  
5. Servini hizo valer las declaraciones de un grupo de detenidos que estaban arrestados dentro del camión de la Policía, que recalcan que la propia fuerza uniformada comenzó a introducir piedras que ellos mismos juntaban como “prueba” de los disturbios.  

Cabe destacar que los últimos 5 imputados que quedan detenidos, acusados de “intimidación pública”, no plantean perfiles de personas que podrían fugarse o entorpecer la investigación que pesa sobre ellos.

A pesar de todo esto, Stornelli redobló su apuesta y busca que se dé marcha atrás con las excarcelaciones. Además de apelar en estos casos, busca identificar a “nuevos sospechosos”.

La apelación de Stornelli se basa en la “gravedad de los sucesos investigados” y en que las causas se encuentran en pleno tramite. Las acusaciones sobre los manifestantes como “golpistas”, “sediciosos” o “terroristas” de parte del titular de la Fiscalía Federal porteña N° 4 desde 1993 se alinean con el discurso de la Casa Rosada que felicitó a las fuerzas de seguridad por su “excelente” tarea, catalogando a los detenidos como “perpetradores de un golpe de Estado”.  

El propio Javier Milei fue duro contra los manifestantes apresados y se posicionó como si fuera un juez: “Siempre dicen lo mismo, si vas a la cárcel, está llena de ‘inocentes’ ", planteó con ironía el jefe de Estado en TN. 

EL OPACO Y PROMISCUO PRONTUARIO DE STORNELLI CON LOS PODERES DEL ESTADO

Stornelli tiene 64 años y nació en la Ciudad de Buenos Aires. Es hijo de un teniente coronel del Ejército, encargado de la intervención de Radio Belgrano durante el último golpe militar. También fue yerno de Llamil Reston, quien fuera ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla, y titular de la cartera de Interior de Reynaldo Bignone.  

Durante el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem en la década del ´90, y de la mano del secretario de Legal y Técnica Carlos Corach, Stornelli entró a la Justicia federal de Comodoro Py.

Con un breve paso previo como fiscal ante los Juzgados de Menores porteños, el Senado aprobó su pliego en 1993 para hacerse cargo de la Fiscalía Federal Nº 4, puesto que aún hoy mantiene tras casi tres décadas. Su nula trayectoria académica indica que no cuenta en su haber con ningún libro escrito ni antecedente alguno en la docencia universitaria.

Stornelli saltó a los primeros planos como fiscal de la causa por el aval del gobierno menemista en el tráfico de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia, entre 1991 y 1995. Esta causa derivó en el arresto domiciliario de Carlos Menem, sindicado como coautor, en la que el riojano tuvo una pena de 7 años de prisión.

Durante el kirchnerismo, por su fiscalía pasó, entre otras causas, el caso Skanska, en el que se investigaba el pago de coimas por parte de la empresa sueca hacia funcionarios nacionales para habilitar la construcción de dos gasoductos. En 2007, muy atento a los tiempos políticos, Stornelli dejó esa investigación a un lado para asumir como ministro de Seguridad del nuevo gobernador bonaerense Daniel Scioli.

Stornelli quedó marcado por dos hechos durante su aventura en la gestión provincial. En 2009 cuando sucedió la desaparición de la familia Pomar, Stornelli buscó salir airoso pero los cuerpos de la familia fueron hallados 25 días después en una zona que, según la Gobernación, había sido rastrillada al menos ocho veces.

También fue salpicado por la desaparición y muerte del joven Luciano Arruga, que se había negado a robar para la policía de la Provincia. El ex ministro de Seguridad, que realizó una reforma que empoderaba a “la Bonaerense”, intentó proteger a sus agentes ante las acusaciones en los medios y en los juzgados. La hermana de Arruga, Vanesa, declaró que Stornelli los llegó a increpar a los gritos. En 2010 debió salir a pedido de Scioli de la administración provincial.

Stornelli estuvo en la comisión directiva y en la comisión de Seguridad de Boca creada en 2007, cuando Mauricio Macri era presidente del club, y se mantuvo allí hasta el año 2015. Su relación con “El Tano” Daniel Angelici, otro operador político del macrismo en Tribunales, fue lo que lo acercó al club de la Ribera. Sus vínculos frecuentes con el ex barrabrava de la 12, Rafael Di Zeo, también lo dejaron marcado en su paso como dirigente de fútbol.

El fiscal, nuevamente girando alrededor de las administraciones de turno, se plantó como operador judicial opositor a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En 2014 fue la cabeza de las investigaciones por la causa Hotesur, en la que se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de la sociedad de la familia Kirchner, por las que se habría llevado adelante el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El sobreseimiento hacia la ex presidenta y su hijo Máximo fue levantado por el Tribunal de Casación Penal y se espera la apelación del fallo ante la Corte Suprema.

Una vez asumido Mauricio Macri como presidente, Stornelli volvió a figurar en la primera plana judicial y formó parte del entramado de corrupción, espionaje y armado de causas en el llamado "Comodoro PRO".

En 2017, Stornelli pidió la detención del ex ministro de Planificación kirchnerista Julio de Vido en la causa por irregularidades en la mina de carbón Río Turbio. Se espera el juicio por un supuesto desvío de fondos destinados a realizar obras en esa mina, por al menos 264 millones de pesos. Además de De Vido, también será juzgado el ex funcionario de ese ministerio Roberto Baratta. Hoy ambos están detenidos.

El fiscal estuvo involucrado en la investigación de la causa de los “Cuadernos” del chofer Oscar Centeno, en la que se imputaba a funcionarios kirchneristas, empresarios contratistas del Estado y a la propia CFK.

El modus operandi de Stornelli, basado en "limpiar nombres" de expedientes sensibles relacionados a esta causa, exigiendo coimas millonarias a empresarios contratistas, en lo que se conoció como el caso del “falso espía” Marcelo D’Alessio, determinó que el fiscal fuera imputado por extorsión y asociación ilícita.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lo imputó por la presunta comisión de ocho hechos delictivos y fue declarado en “rebeldía” por haber ignorado seis llamados a declaración.

También fue acusado de espionaje ilegal sobre el abogado defensor José Manuel Ubeira. El año pasado, el juez federal Julián Ercolini le hizo un guiño y revocó su procesamiento.

El fiscal fue beligerante y consiguió que el juez federal Sebastián Ramos hiciera lugar a su planteo y al de la mano derecha del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Silvio Robles, para desestimar la causa por los chats filtrados entre Robles y el ex ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, Marcelo D`Alessandro.

En esas conversaciones se daban sugerencias en el manejo de la causa que se tramitaba en la Corte sobre la coparticipación de la Ciudad y el resto de las provincias. Stornelli planteó antes Ramos la imposibilidad de investigar la acción penal porque las pruebas se basaban en “conversaciones privadas”.

A finales del año pasado, siguiendo con su tiempismo de las vueltas de la política nacional, Stornelli fue a fondo y denunció penalmente a los “autores, cómplices y encubridores” que llevaron adelante tareas de inteligencia desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la causa de Lago Escondido. Los acusa de “actividad de seguimiento irregular”.

En este caso, el juez Ramos había sobreseído a todos los invitados al convite en la megalujosa mansión del magnate Joe Lewis en la zona cordillerana de Rio Negro: los jueces Julián Daniel Ercolini, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Gabriel Cayssials, el procurador porteño Juan Bautista Mahiques y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, entre otros.

El último favor que llegó de Comodoro Py para Stornelli fue en marzo de este año cuando Ercolini desvinculó al fiscal en el caso D´Alessio, aduciendo que no había elementos para determinar que Stornelli formaba parte de una asociación ilícita vinculada al falso abogado, que se encuentra en juicio por presuntos actos de espionaje ilegal y extorsión, y hace cuatro años y medio que se encuentra detenido.

Todo, al amparo del macrismo para que en las causas donde más comprometido se veía, Stornelli terminara siendo juzgado en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. En su casa.