Hace un tiempo que se especula con la posibilidad de que el Gobierno presente un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad penal. Hace unos días se filtró un posible proyecto de ley. Sin embargo y más allá de las cuestiones específicas de ese “anteproyecto”, me interesa concentrarme en cuestiones más generales de los problemas que tiene una propuesta de ese tipo.

La idea del proyecto se remonta a un tiempo atrás, después de la detención de un adolescente de 15 años acusado del asesinato de un trabajador de una estación de servicio en Rosario el pasado 10 de marzo. “El que las hace, las paga”, publicó Milei en X, secundado por el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Delito de adulto, pena de adulto”. Por su parte, la ministra Bullrich afirmó que “Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”. Pasaron varios meses desde el 10 de marzo y todavía el proyecto no ha sido discutido.

En un libro reciente, “El niño resentido”, el escritor César González cuenta con muchos detalles la historia de su vida. Una historia marcada por el camino del delito, por incentivos que se ofrecen para seguir una “carrera delictiva” y las consecuencias de no tener alternativas concretas para evitar un destino fatal. Como bien reconoce González, tuvo suerte de no terminar como muchos de sus amigos del barrio. Si uno quisiera entender qué es lo que lleva a adolescentes de barrios marginados a cometer delitos necesita leer “El niño resentido”. El libro no es un intento de justificar las conductas de su autor, sino de explicarlas. Poder entender a los adolescentes de principios de los 2000 (y sus delitos) es un buen punto para entender a los adolescentes de este momento. Sin embargo, también es un buen libro para entender las consecuencias de que el Estado ignore a cierta parte de la población. Cuando el Estado abandona a ciertos grupos de personas, los margina, los excluye, después no puede esperar que esos ciudadanos sean cumplidores de la ley. Por el contrario, esos ciudadanos necesitan vivir al margen de la ley protegiéndose del Estado y no beneficiándose de él. El Estado, para esas personas son las fuerzas de seguridad y la violencia institucional. En algunos casos y, con respuestas diversas, la salud pública.

En este contexto, la pregunta que debería responder el presidente Milei y su gabinete es si el Estado está en condiciones de aplicar un castigo a menores de 16 años por delitos que pudieran cometer, cuando el mismo Estado y por decisión del Poder Ejecutivo está incumpliendo con la provisión de derechos básicos, como trabajo, salud, educación y vivienda. Siguiendo el plan de Milei, el Estado está siendo reducido a su mínima expresión y está limitando estos derechos que menciono de un modo muy severo. Si estos adolescentes de 14 y 15 años no tienen posibilidades de poder acceder a estos derechos, establecidos en la Constitución Argentina, el Estado no tiene autoridad moral para castigarlos. Además, creo que el Estado es hipócrita en negar estos derechos y luego aparecer por primera vez en la vida de estos adolescentes para imponerles un castigo penal. El Estado, siguiendo el pensamiento instaurado por el Presidente, se desentiende de todas las cuestiones que serían importantes para que estos adolescentes evitaran el camino del delito y, sin embargo, no limitan el uso del castigo penal. Este punto también es una muestra de su hipocresía: reducimos el Estado todo lo posible respecto de los derechos que deben brindar pero no respecto del uso del poder penal. Una especie de estado mínimo selectivamente autoritario.

En resumen, más allá del contenido de la propuesta del gobierno, estas no serán buenas noticias para una gran cantidad de adolescentes que deben sobreponerse a condiciones de desigualdad estructural, esto es, un tipo de desigualdad que no se debe a su propia decisión sino a decisiones de terceros que los han perjudicado incluso desde antes de nacer. Ninguna de las propuestas anteriores en Argentina o en otras partes de Latinoamérica han tenido esto en consideración. En cambio, desarrollar políticas públicas inclusivas, hacer esfuerzos por garantizar derechos que permitan desarrollar la autonomía de esos futuros adultos parece que no están en los planes de este gobierno, que de nuevo ahorra selectivamente: menos derechos, más castigo penal.