El modelo “alternativo” de Moreno: lograron frenar más de 130 usurpaciones en lo que va del año sin represión
Un informe de la fiscalía quinta de Moreno reveló que se disuadieron 130 ocupaciones bajo “la premisa principal evitar la violencia y la conflictividad“. “La policía va con el cargador vacío y prima el diálogo”, afirmaron
Entre diciembre de 2019 y el último día de agosto de este año, en Moreno, uno de los municipios más populosos y extensos del oeste del conurbano, se lograron evitar 130 intentos de tomas de tierras públicas y privadas, mediante métodos disuasivos que eludieron la represión y las detenciones masivas. La fiscalía quinta de esa localidad elaboró un informe, al que accedió Diagonales, en el que expone como un éxito un método alternativo a la mano dura, basado en la persuasión y la acción temprana, que podría servir de modelo a futuro para evitar una escalada de ocupaciones –y de violencia policial–, un tema que hoy ranquea alto entre las principales preocupaciones de los intendentes y que ha generado fuertes contrapuntos al interior del propio Gobierno.
El informe revela que en Moreno se acumularon 130 causas de usurpaciones efectivas y tentativas en los últimos 8 meses, “un aumento exponencial, de casi 1.000 por ciento” respecto del año pasado. En esas 130 ocupaciones, desalojadas en su totalidad, sólo se detuvo a 21 personas, y sólo a los efectos –según aclararon desde el municipio– de detectar a posibles instigadores o punteros, a fin de evitar nuevas tomas. En todos los casos, el conflicto se resolvió con la gente abandonando la usurpación, bajo “la premisa principal evitar la violencia y la conflictividad“, dice el informe, elaborado por la fiscalía en conjunto con autoridades municipales.
“Todas las tomas se disuadieron mediante el diálogo, y la premisa fue siempre que la Policía llegue al lugar con los cargadores vacíos”, contaron a este medio sobre el método utilizado. ¿Cómo se logró? “Todo se basa en el sistema de alarmas y de detección temprana, que nos permite llegar al lugar sin perder mucho tiempo”, afirman en el municipio que conduce Mariel Fernández. Ese modo de actuación, afirman, contrasta con lo que el procedimiento en otras tomas, como la Guernica, “donde se dejó pasar mucho tiempo”. “La clave es la flagrancia y para eso hay conocer bien el territorio”, afirmaron.
Según el informe, la mayoría de los intentos de tomas se realizaron en la zona de Cuartel Quinto, seguido por los barrios Trujul, Álvarez y Moreno centro. Según informan desde el municipio, en lo que va del año se lograron disuadir todas las tomas; la única reciente que permanece se ubica a la vera de la ruta 23, uno de las arterias principales de circulación, lo que genera preocupación en las autoridades. Esa toma comenzó luego de las PASO, en plena transición entre Fernández y el ex intendente, Walter Festa, derrotado en la interna local del Frente de Todos. Una primera mitad del terreno ya fue desalojado, y se trató de la primera vez, según confirmaron fuentes judiciales, que se implementó el protocolo vigente para los desalojos elaborado por la Tribunal Supremo de la Provincia, vigente desde abril del año pasado.
Los datos que muestran desde Moreno resultan reveladores en una semana en la que al interior del propio Gobierno se mostraron evidentes contradicciones, no sólo discursivas, sobre cómo resolver este conflicto que se extiende en todo el conurbano, con más de doscientos detenidos y con imágenes, como las de Guernica, que desnudan la profundidad de la crisis, que no es sólo habitacional.
El cruce más fuerte lo protagonizaron el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y los referentes del Movimiento Evita Emilio Pérsico y Frenando “Chino” Navarro, a la zazón compañeros de organización de la intendenta Mariel Fernández. Berni acusó a los referentes del Evita de estar detrás de las tomas; ambos le reprocharon al ministro que hace gala de la mano dura para no dejar de levantar el perfil electoral que empezó a construir hace unos meses. “Si no va a la Justicia es un charlatán de feria”, le espetó Navarro.
Cerca de Berni dicen que “el ministro sabe lo que dice” y, lejos de bajarle un tono, afirman que la acusación “se basa en información concreta”. La UTEP, el gremio de la Economía Popular vinculado al Evita, contestó con un duro comunicado ayer, titulado “la falta de vivienda no se resuelve con balas” en el que califican de “insólitas” e “intolerables” de las palabras del ministro. Sergio Massa, por su parte, había propuesto “quitar el IFE a las personas que toman predios”, redoblando la apuesta represiva.
El que más duro contestó fue el dirigente del MTE, Juan Grabois, en un extenso mensaje en varias direcciones. “Puedo tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social. El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho… no un delito”, dijo.
“El problema de las tomas pasa en todo el conurbano y en Moreno también”, aseguró la intendenta luego de encontrarse con el Presidente en Olivos. Agradeció la colaboración de Berni en la resolución de los conflictos, aunque le reprochó haber responsabilizado por las tomas a sus compañeros del Movimiento Evita. “Desde el comienzo de nuestra gestión armamos una mesa con fiscales, la policía, el municipio y parte del equipo de Berni, que me viene acompañando mucho, aunque lamento lo que ha dicho sobre mis compañeros del Evita”, dijo.
En Moreno, en tanto, tienen algo claro: las tierras fiscales deben destinarse a actividades productivas, donde entienden que puede estar una de las salidas de la crisis, sobre todo mediante el fomento de la agricultura familiar. El problema del déficit habitacional se arrastra de muchos años y han pasado las distintas gestiones sin poder resolverlo; pero también saben –y lo hacen saber- que la usurpación masiva no es el camino para resolverlo. La idea es no criminalizar las tomas, pero tampoco “romantizarlas”. Muchas veces, explican, los padecimientos pre-existentes de la gente que se ve forzada a ocupar se multiplican en lugar de resolverse.
En su mayoría, como se sabe, quienes se ven obligados a salir a tomar tierras viven en barrios precarios, hacinados, sin posibilidades de desgloce familiar, con la carencia de uno o varios servicios básicos, lejos del acceso a hospitales, a más de un transporte público de los centros urbanos y muchos, más ahora, sin plata para pagar el alquiler. La Rosada, a través del Renabap, censó más de 4 mil barrios populares en todo el país, la mayoría en el conurbano; el plan de urbanización anunciado por el Presidente ya comenzó a aplicarse, y de aprobarse el impuesto por única vez a las grandes fortunas, tendrá un presupuesto mayor al actual.
Los Curas en la Opción los Pobres (COPP), pidió ayer “respuestas de fondo que busquen resolver y no dilatar el problema". "De ninguna manera", expresaron, “se puede avalar la toma como alternativa”, aunque aclararon que "esto no significa renunciar al justo reclamo de la tierra y la vivienda digna". "La raíz del problema es la injusta distribución de la tierra y la concentración de la misma en pocas manos", dijeron, y reclamaron una solución “más creativa que exponer la carne de los pobres a nuevos sufrimientos".
