La causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Vidal irá a juicio
La Justicia investiga una posible red de inteligencia que se habría montado durante el gobierno anterior desde la Auditoría General de Asuntos Internos de la Provincia.
En las últimas horas, la Justicia elevó a juicio la causa que investiga presuntas actividades de espionaje ilegal que se habrían llevado adelante desde la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
Luego de que el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata rechazara los pedidos de nulidad y sobreseimientos, el magistrado Federico Guillermo Atencio notificó hoy a la fiscal Cecilia Corfield y a la defensa de los imputados que la causa fue elevada a juicio bajo la acusación de abuso de autoridad (dos hechos) en concurso real entre sí e ideal con Peculado.
El ex titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, y su esposa María Rosario Sardiña, por entonces funcionaria del organismo, quedaron imputados tras la denuncia que realizó un exintegrante de la cúpula de la Policía Bonaerense, Néstor Omar Martín, el 20 de septiembre de 2016.
En ese entonces, Martín aseguró que lo habían investigado a él y a su grupo familiar de manera ilegal desde el organismo que presidía Berra.
Años más tarde, en noviembre de 2019, se sumaron a la investigación otras denuncias por acciones de espionajes ilegales con integrantes del poder judicial, diputados, senadores, intendentes del conurbano y del interior de la Provincia, titulares de colegios profesionales y hasta al propio titular del entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
La causa avanzó de la mano de la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15 de La Plata, con allanamientos a la sede de Asuntos Internos en La Plata y el secuestro de material informático. Con las pruebas recolectadas el juez Atencio consideró pertinente elevar a juicio la causa. Ahora resta que se sortee el Tribunal a cargo del proceso.
Entre el material y evidencia recolectada por la fiscalía, sobresale la contratación de miles informes de crédito -Nosis- y de tareas de seguimiento sobre efectivos de la Policía Bonaerense, pero también sobre políticos, funcionarios y hasta miembros del Poder Judicial:
Entre los cientos de nombres investigados de forma presuntamente ilegal se destacan los de Sergio Ricardo Maldonado, César Ricardo Melazo, Mario Alejandro Mac Dougall, Juan Pablo Mussi, Franco Daniel Schillaci, Tomás Fernando Espinoza, Juan Domingo Tomás Espinoza, Mario Alberto Ishi, María Florencia Alconada, Tomás José Gigli, María Alejandra Bellini, Diego Ariel Otero, Néstor Emilio Otero, Elías Mahli, Juan José Tocci, Daniel Alejandro Salcedo, Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, entre otros.