La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) criticó el proyecto de ley presentado por  los diputados Sergio Massa, Carlos Américo Selva y Raúl Joaquín Pérez sobre la modificación del actual régimen de excarcelaciones. El organismo aseguró que la restricción de la libertad de las personas que no tienen condena durante el proceso penal, se trata de una receta que demostró ser inútil para enfrentar el delito.

El proyecto que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal la semana pasada y es criticado por la CPM, ya que considera que "una iniciativa de estas características no puede ser adoptada en una sesión parlamentaria realizada a las apuradas, sin información y sin debate. Necesariamente debe estar acompañada de una discusión profunda sobre los problemas que pretende saldar, la efectividad de sus propuestas y las consecuencias que va a tener sobre la situación actual del sistema penal".

Según dijo la Comisión Provincial por la Memoria en un comunicado, "se consolidan la prisión preventiva como regla y la libertad como excepción" y que "una vez más, se intenta responder al reclamo legítimo de mayor seguridad con reformas legislativas que sólo generan más encarcelamiento y mayor nivel de violación de los derechos de las personas acusadas de cometer delitos, sin ninguna incidencia en los delitos efectivamente cometidos".

Además se criticó el carácter de la ley, ya que consideran que se trata de "atajos mágicos para resolver graves problemas sociales, en lugar de atacar las deficiencias institucionales de las políticas de prevención del delito y de combatir los defectos de las estructuras de investigación criminal".

Sobre la jurisprudencia en este tipo de normas, se reamrcaron los casos de Mendoza, Santa Fe y la Provincia donde "no se logró reducir la tasa de delitos, que siguió aumentando, al mismo tiempo que los lugares de encierro colapsaron y personas que no habían delinquido pasaron largo tiempo detenidas".

Finalmente, la CPM reclamó que se implemente el Código Procesal Penal Federal aprobado y vigente hace casi dos años, cuya aplicación se sigue demorando.

El comunicado está firmado por partidos políticos como Patria Grande; Ascociaciones civiles; Cátedras de universidades; diferentes equipos de trabajo, grupos, redes y agrupaciones que intervienen en diferentes temáticas relacionadas a los lugares de encierro y la defensa de los derechos humanos.