En los últimos meses, el gobierno hizo trascender, por todos los medios a su alcance, que el problema de la Argentina es el costo laboral. Que Argentina no es competitiva por sus altos costos laborales. Nada se dice de los insoportables costos tributarios ni tampoco de lo cara que es la logística en el país, ni del altísimo costo del capital. Como si quisieran eliminar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado durante la presidencia de Pedro Eugenio Aramburu. Ningún color "populista" o "progresista". Sin embargo, los gobiernos radicales de estos últimos treinta años recurren una y otra vez a esta fórmula precarizar el empleo. Como si, al no saber generar riqueza, sólo queda administrar la pobreza.

En este caso todo comenzó en noviembre del 2016 con la propuesta de modificar la ley de impuesto a las ganancias en marzo del 2017 junto con las paritarias& Ahora les tocó el turno por DNU a las ART que podrán imponerse frente a la debilidad del trabajador incapacitado. El mismo Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a minutos de asumir el cargo dijo  "Tenemos impuestos, una justicia laboral y regulaciones laborales inviables"(& ).  

Mientras el artículo 14bis de nuestra Constitución nos asegura que el trabajo gozará de la protección de las leyes que confirman la jornada limitada, el salario justo, la obra social, el aguinaldo, las vacaciones, el derecho a huelga. En tanto que, el artículo 15 reza "En la Nación Argentina no hay esclavos  los pocos que hoy existen quedan libres".

El tercer gobierno radical pareciera pretender que sean los mismos trabajadores los que hagan el sacrificio para que ingresen aquellos que están fuera del mercado laboral. En síntesis los que tienen poco, deben hacer el sacrificio por los que no tienen nada. Las mesas de diálogo se confunden con un "Me Gusta" en Facebook. Una de las últimas de diciembre, cuando el gobierno cito a empresarios para comprometerse  a no despedir, da gracia y desesperanza.

Se cumple casi un año en el que el Observatorio Social de la UCA declaró un 34% de pobreza y un 6% de indigencia. Con tamaños números el gobierno ya tenía motivos suficientes para convocar a una mesa de diálogo donde deberían haber discutido trabajadores, organizaciones sociales, empresarios y partidos políticos con representación parlamentaria. Por esa época comenzó a rodar la palabra "competitividad" cuando, en realidad, los sustantivos deberían haber sido "previsibilidad", "solidaridad", "recuperación". No se puede ser competitivo sin ser solidario.

Pegarle a las clases más vulnerables en lugar de pensar, crear y discutir una reforma tributaria integral que tanta falta hace, es una siniestra teoría malthusiana para un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes. Raro.