Varias reformas en materia de indemnizaciones surcan el aire bonaerense. En la Legislatura, La Cámpora parece estar sola en su empuje por la Ley de Indemnizaciones, resistida por agrupaciones empresariales, por la oposición, y, también, por el Gobierno Provincial de Axel Kicillof, que disparó una tajante respuesta este lunes ante la consulta por la eventual sanción parlamentaria de la iniciativa. En la Justicia, la Unión Cívica Radical (UCR) pide “prudencia” a la Suprema Corte tras el fallo Barrios, que obliga a indexar las asignaciones.

“No es un proyecto del Ejecutivo”, contestó el ministro de Gobierno Carlos Bianco en conferencia de prensa al ser interrogado por la postura de la gobernación de Kicillof acerca de la propuesta kirchnerista. La medida, pendiente de tratamiento en el Senado local tras la media sanción conseguida en Diputados, plantea una modificación en la ecuación indemnizatoria que sustituya la tasa pasiva por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para “subsanar” la licuación producto de las demoras en los juicios laborales. El funcionario fue directo: “Sabemos de qué se trata y que se está tratando en la Legislatura, pero no es un proyecto del Ejecutivo”.

“Expresamos nuestra preocupación por la situación terminal en la que se está colocando a muchas empresas”, postuló, por su parte, el radicalismo, esta vez con respecto al reciente dictamen de la Suprema Corte de la Provincia que sienta doctrina a través del caso Barrios. El comunicado lleva la firma de diputados bonaerenses de la UCR y apunta a reclamar “prudencia” a la Justicia en la aplicación de la “doctrina legal emanada del fallo”, que elevaría “de manera desmedida el monto de las sentencias condenatorias en los juicios laborales, poniendo en riesgo, en muchos casos, la misma continuidad de la empresa”, aseguró el bloque.

Con todo, los dos casos comparten un actor en común por fuera de la arena política pero con lazos directos a ella: el sector privado. En primer lugar, porque la Ley de Indemnizaciones camporista choca contra las diversas agrupaciones que se han expresado contra el proyecto: por caso, la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) logró nuclear a más de 110 entidades empresariales en un comunicado que advierte por el “golpe” que significaría la medida en medio de la “profunda crisis que vienen soportando las pymes de la Provincia”. En segundo lugar, porque la doctrina del fallo Barrios es resistida también por “organizaciones que nuclean pymes y comercios”, que, señalan, quedan en riesgo ante la “elevación desmedida” de los montos de las sentencias.