100.000.000.000 de pesos después, el Gobierno de Javier Milei deberá hacerle frente a los cuestionamientos por la inmensa erogación presupuestaria destinada a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para sus “gastos reservados”. Del otro lado del mostrador se encontrará nada menos que un incipiente frente opositor conformado por el peronismo y el radicalismo que logró hacerse con el control de la Comisión Bicameral de Inteligencia en lo que significa un duro revés para el Poder Ejecutivo Nacional.

Con un saldo total de ocho a seis, la oposición se alzó con los principales puestos entre las autoridades del cuerpo legislativo encargado de auditar los gastos de la gestión libertaria en materia de inteligencia, que esta misma semana serán discutidos en Diputados tras el desembolso de $100 mil millones por decreto para las tareas “reservadas” de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La composición de la comisión quedó afianzada tras un encuentro reservado llevado a cabo esta tarde en el Congreso de la Nación.

El acuerdo opositor fue motorizado por Unión por la Patria (UP) y la Unión Cívica Radical (UCR). El peronismo consiguió sentar a seis legisladores propios en el cuerpo; en tanto que el partido centenario se quedó con dos bancas, pero entre ellas la más importante: la presidencia del cuerpo, que recayó en el senador Martín Lousteau, titular del partido a nivel nacional. Por su parte, el PRO metió solo a tres integrantes, La Libertad Avanza (LLA) pudo incorporar solo a dos, y el puesto restante le quedó a un peronista federal aliado con el oficialismo.

Otros cargos de peso en la comisión son los del diputado Leopoldo Moreau, nombrado vicepresidente primero, y Oscar Parrilli, quien será el secretario del área. De este modo, UP y la UCR le marcaron la cancha al Gobierno de Milei y le propinaron un duro revés parlamentario que, peor aún para la administración libertaria, podría tener consecuencias de peso una vez que comience la actividad en la comisión y se ponga bajo la lupa el gigantesco desembolso de fondos públicos a la SIDE – dinero que, denuncia la oposición, ya ha sido utilizado en más de un 80%.