El Gobierno Nacional perdió una disputa clave contra nada menos que un municipio del conurbano bonaerense, que se anotó un importante punto como consecuencia de un notable fallo de la Justicia a favor del pedido del distrito opositor. El dictamen, revelado en las últimas horas, atañe al cobro de impuestos comunales en las boletas de servicios domésticos, que había sido prohibido a través de una polémica disposición del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.

Moreno uno, Nación cero: el reclamo del partido de la zona oeste del Gran Buenos Aires (GBA) ante el Poder Judicial recibió el visto bueno de la Justicia, que por medio de una medida precautelar avaló el pedido a favor de suspender la resolución que impedía agregar el cobro de servicios públicos en las facturas domésticas de electricidad, gas y otras tarifas del hogar. El dictamen se suma a otras sentencias similares emitidas recientemente por tribunales judiciales, también tras solicitudes provenientes de la Provincia.

En ese sentido, días atrás el municipio de Pilar había elevado un pedido de la misma índole, que en su oportunidad recibió el aval de un Juzgado Federal de Campana. En ese caso, el fallo recurrió a otra suspensión temporal tras el reclamo de una medida cautelar por parte del distrito, que recordó que es la “Constitución de la Provincia de Buenos Aires” la que “autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo”.

Los dictámenes de la Justicia calan hondo en un Gobierno Nacional que ha tenido varios de sus frentes de conflicto dirimidos o al menos mediados por el Poder Judicial, con casos como los reclamos por fondos fiduciarios comandados por varias provincias, el pedido de cumplimiento de la deuda de coparticipación que Nación mantiene con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) -respaldado por la Corte Suprema de Justicia-, o, en la Provincia de Buenos Aires, la denuncia por una deuda cercana a los $5,8 billones en concepto de presupuesto interrumpido.