“Salto grande” de ayuda: El Gobierno hizo un revival del escándalo de “la Banelco” y se aseguró los votos de afuera
El Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto por el que el senador entrerriano Edgardo Kueider, que sostuvo su apoyo a la exley Ómnibus, se verá beneficiado con puestos en la delegación de la represa de Salto Grande. Otros tres legisladores peronistas también hicieron su juego en la votación por artículos y son apuntados por “traicionar” a su espacio.
Solo con sus siete senadores era imposible. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado sabía que además de necesitar los votos “incondicionales” de sus aliados del PRO y del radicalismo debía contar con apoyos que vengan “de afuera” si quería sacar la Ley Bases adelante.
Emulando los sobornos del escándalo de la “Banelco” durante el gobierno de Fernando de La Rúa, logró hacerse de apoyos externos, y el resto lo consiguió logrando desgastar a los senadores díscolos y a los que necesitaban reportar buenas noticias a sus jefes provinciales.
A las dos “ayudas” radicales, una la del porteño Martin Lousteau, que dio el quórum necesario para abrir la sesión, y la otra la del bonaerense Maximiliano Abad, que amagó hasta último momento su voto y se volcó en favor de la normativa en general, se le sumaron la de dos peronistas de Entre Ríos.
Y en el debate de cada artículo, en los tratamientos particulares, se colaron algunos favores de parte de un puñado de senadores peronistas de las provincias mineras del norte que marcaron el rumbo definitivo y consagratorio para que el Gobierno pudiera anotarse su primera ley.
Los dos legisladores entrerrianos que se convirtieron en aliados para Javier Milei son Carlos Mauricio “Camau” Espinola y Edgardo Kueider. Ninguno de los dos integrantes del bloque díscolo de Unidad Federal responde a sus mandatarios provinciales. Sus historiales políticos están fuertemente atados a los lazos personales y las aspiraciones propias.
Espínola, ex medallista olímpico de Yachting por la Argentina, entró como senador por el exFrente de Todos en las legislativas de 2021, y Kueider, exsecretario General del exgobernador Gustavo Bordet, hizo lo propio en 2019, cuando Alberto Fernández ganó la presidencia.
En el verano del año pasado, antes de las elecciones, junto con los ex senadores Guillermo Snopek (Jujuy) y María Eugenia Catalfamo (San Luis) habían desafiado al espacio peronista y decidieron romper el bloque.
Kueider, que junto a Espínola habían votado en contra del DNU 70/2023 cuando fue rechazado en la Cámara alta, comenzó a mostrarse más receptivo en su vínculo con los integrantes del oficialismo.
Los rumores sobre su voto positivo hacia la Ley Bases, que comenzaron a circular horas antes del tratamiento de la ley, pasaron a ser una realidad cuando el Gobierno comunicó un decreto por el que creaban tres nuevos puestos en la Comisión Técnica Mixta de la represa Salto Grande. Y en ese acuerdo, Kueider y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (del PRO) se repartían el control de la represa.
La propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se subió a la polémica y compartió en su cuenta de Twitter X un posteo de una usuaria y militante Sol Magno que mostraba su bronca contra los legisladores entrerrianos.
“Si hubiera sido al revés, las senadoras serían las compañeras y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria”, planteó Magno junto a la boleta electoral en la que aparecían Stefanía Cora y Anita Almirón, que eran las candidatas en las listas que encabezaban Kuider y Espínola.
NO FUE EL ÚNICO ESCÁNDALO
El juego sucio al que se prestó Kueider sigue la línea triste línea de acontecimientos marcados por pagos hacia el Gobierno en forma de votos, a cambio de favores personales hacia destinos integrantes del Senado.
Ya había pasado cuando esta semana se conoció que la senadora neuquina por el Movimiento Popular provincial Lucila Crexell sería recompensada con un puesto como embajadora ante la UNESCO en París, pero las “traiciones” también fueron por los carriles más orgánicos de Unión por la Patria (UP) en el tratamiento artículo por artículo de la Ley Bases.
A pesar de que los senadores del principal espacio opositor con 33 escaños pudieron mantener el blindaje de votos en contra hacia la ley en general, no pudo hacer lo propio cuando tuvieron que marcar su posición sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que significa la actividad minera para las provincias del norte.
Tanto Carolina Moisés (Jujuy), como Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) dieron su voto afirmativo sobre este polémico programa para atraer inversiones que superen los 200 millones de dólares, que cuenta con beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y un marco normativo de estabilidad por 30 años, en un hecho que puede marcar la defunción de miles de Pymes en todo el país.
El buen vínculo del oficialismo con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, dos de los interlocutores predilectos del Gobierno, parece haber surtido efecto.
Esta armoniosa sintonía ya se había manifestado durante la aprobación de la Ley Bases en Diputados. “Sin salir del espacio político, hay que acompañar algunas medidas", había manifestado Jalil.
"Acompañamos la posición política institucional del gobernador de Catamarca, en estos momentos donde tenemos que ser responsables en nuestro rol como gobernadores y trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional", apuntó Jaldo, en respaldo a su colega. “Son tiempos de dejar diferencias personales y políticas para ayudar a sacar adelante a la Patria", completó.
Expresiones similares se replicaron por todo el Norte grande en las últimas horas.