Corte Suprema: Lanzan una cautelar para frenar la designación de Lijo y García Mansilla por decreto
Una ONG bonaerense presentó una medida para declarar “nulo e inconstitucional” el nombramiento de los magistrados por considerarlo “arbitrario e ilegal” y violatorio de la división de poderes.
No va a ser tan fácil para el Gobierno Nacional de Javier Milei imponer el decreto con el que nombra a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. La polémica designación continúa generando malestar en la escena política pero ahora además cosecha sus primeras resistencias en el plano jurídico, donde una organización de La Plata presentó hoy una medida cautelar para frenar la doble incorporación por considerarla “arbitraria e ilegal” y violatoria del “principio de división de poderes”.
La presentación fue realizada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), una organización no gubernamental (ONG) originaria de La Plata que este miércoles pidió declarar la “nulidad” e “inconstitucionalidad” del decreto 137/2025 con el que el Ejecutivo designó en comisión a dos magistrados para integrar el máximo tribunal del Poder Judicial, una decisión que provocó rispideces entre el Gobierno y sus aliados y despertó también fuertes reproches de parte de la oposición.
Junto a ello, la agrupación platense solicitó asimismo la aplicación de una medida cautelar para suspender los efectos de la disposición emitida por la administración libertaria y una medida cautelar interina para cancelar la toma de juramento en la Corte Suprema hasta la resolución del conflicto jurídico. Por lo pronto, el reclamo recayó en el Juzgado en lo Civil, Contencioso y Administrativo Federal N°4 de la capital de la Provincia de Buenos Aires (PBA) a cargo de Alberto Recondo.
El pedido del CEPIS se fundamenta en que el decreto de Milei implica un hecho de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” que “violenta las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales que garantizan la independencia del Poder Judicial”. A su vez, la medida “carece de la debida fundamentación y resulta desproporcionada con el daño institucional que genera”, y “vulnera el artículo 1 de la Constitución Nacional que consagra la forma republicana de Gobierno basada en el principio de división de poderes”.