A tan sólo tres días de la marcha del 24 de marzo, crecen los rumores sobre posibles indultos o una suerte de prisión domiciliaria para genocidas impulsada por el propio Gobierno nacional. 

Tal como pasó el 8 de marzo en el Día de la Mujer Trabajadora, Presidencia filmó un video que será difundido el mismo Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El material fue grabado por el documentalista personal de Javier Milei, Santiago Oría, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Del mismo, participan periodista Juan Bautista “Tata” Yofre, el ex militante de Montoneros Luis Labraña, y María Fernanda, la hija del capitán Viola. Si bien todavía no ha trascendido el contenido del video, sí se infiere que estará vinculado a la famosa Teoría de los dos demonios. 

En ese marco, crecen versiones que hablan de un posible anuncio por parte del Gobierno vinculado a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad; versiones que crecieron luego de que el ministro de Defensa, Luis Petri, se sacara una foto con Cecilia Pando y otras mujeres que reclaman la liberad de los genocidas de la última dictadura cívico militar.

Mientras que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, otras organizaciones de Derechos Humanos, sociales, políticas y sindicales preparan una masiva movilización a Plaza de Mayo para el próximo domingo, Milei y su entorno preparan un anuncio propio. 

En un artículo publicado hoy por La Nación, el periodista Carlos Pagni aseguró que Milei y la ministra de Seguridad, Patria Bullrich, están pensando en “anunciar para el 25 de marzo un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva, sin que se resuelva su situación procesal, en causas de lesa humanidad”.

También se había hablado de un indulto, pero este mismo jueves un fallo de la Cámara Federal de Casación recordó que los indultos no pueden aplicarse en casos de crímenes de lesa humanidad. Por eso el Gobierno piensa en otras alternativas que le permita a genocidas condenados regresar a sus domicilios.