El Gobierno anunció la intervención del Hospital Bonaparte para avanzar en su “reestructuración”

Después de echar a prácticamente un tercio de su personal, el Gobierno Nacional de Javier Milei dio inicio a la fase dos del plan de “reestructuración” del organismo y anunció la “intervención” del Hospital Laura Bonaparte, el único de su tipo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Como resultado de la medida, se espera que se profundice el vaciamiento del centro médico, que según los argumentos del ministerio de Salud está “sobredotado” de trabajadores y registra “mal manejo de fondos”. Los gremios continúan la lucha.

“El ministerio de Salud definió hoy la intervención del Hospital Bonaparte para asegurar el normal funcionamiento y la continuidad de los servicios y de los tratamientos de los pacientes. La medida forma parte del plan de reestructuración que avanzó con la readecuación de la dotación del Hospital sin modificar las funciones que se realizaban en la institución y siempre con el objetivo de que la atención a los pacientes esté asegurada”, comunicó esta tarde la cartera que conduce Mario Lugones.

La disposición llegó menos de una semana después de que el Gobierno informara unos 200 despidos repentinos en el único centro público de salud mental del AMBA; una ola de cesanteos que afectó, por ejemplo, a trabajadores que días atrás habían aprobado el “examen de idoneidad” diseñado por la administración libertaria. Sin embargo, la motosierra no espera, y el ministerio de (ajuste a la) Salud prosigue con su inmenso programa de “optimización de recursos” que involucra la “no renovación” de 1.400 empleados en instituciones estatales.

En ese sentido, el Ejecutivo alegó que las 200 desvinculaciones “responden a la sobredotación que había en el Bonaparte”, donde “326 empleados ingresaron durante el Gobierno de Alberto Fernández” y había prácticamente dos trabajadores por cama de internación. Junto a este escenario, calificado por el Gobierno como un “crecimiento desmedido del personal”, el Hospital presentaba un “mal manejo de fondos” que “afectó la capacidad de atención y el buen funcionamiento” de la institución.

Al menos esos son los argumentos utilizados por Lugones para intervenir el centro médico, cuyos empleados advertían días atrás que se encamina a su cierre definitivo gracias a las políticas de ajuste. Mientras tanto, el Gobierno afirmó que “busca aportar la transparencia y eficacia necesarias para garantizar el buen funcionamiento” del establecimiento, y le dejó un mensaje especial a los trabajadores en lucha: “El Ministerio apela a la responsabilidad de la dirigencia gremial de no afectar el normal desarrollo de la atención de los pacientes”.