El humo del Gobierno con los exámenes de idoneidad en el Estado

El gobierno de Javier Milei depende en gran medida de la imagen que logre consolidar frente a la sociedad. Con resultados económicos y sociales catastróficos en este primer año, una de sus principales cruzadas en la disputa del sentido común es la que mantiene contra el Estado en todas sus formas. Y eso incluye también a los trabajadores estatales, víctimas particulares de los ataques simbólicos y materiales del oficialismo, como son el desprestigio permanente de calificar de “ñoqui” a cualquiera que trabaje en la administración pública o la pérdida del poder adquisitivos de los salarios y los despidos masivos.

En una nueva jugada en su “batalla cultural” contra el Estado, el oficialismo anunció hace dos meses que realizaría un “examen de idoneidad” a unos 40.000 trabajadores de la administración nacional. El encargado de la tarea sería el Ministerio de Desregulación, comandado por Federico Sturzenegger. Pero lo cierto es que la movida se trata más que nada de otra bomba de humo para la tribuna. A días de que comiencen los exámenes, los gremios ya tienen la información sobre cómo serán y qué se preguntará, al punto tal que generaron plataformas donde se ofrecen simulacros de examen para sus afiliados, exámenes que, por otro lado, no suponen una gran dificultad. 

En síntesis, una agresión más para con los trabajadores estatales, sometidos a una instancia sin sentido, que no reportará beneficios alguno para la mejora de la gestión del Estado, y que significará un gasto extra que bien podría destinarse a los aumentos salariales que los estatales reclaman, tras una pérdida fenomenal de su poder adquisitivo durante este 2024. Un show más del Gobierno de Twitter.

“Buenos días compañeros y compañeras, compartimos nueva información sobre la próxima evaluación”, arranca un comunicado interno de UPCN circulado en las últimas horas entre sus afiliados. Allí se especifica que el examen durará una hora y constará de 24 preguntas, divididas en 8 por módulo para los profesionales y 12 por módulo para administrativos y servicios generales. Habrá tres módulos  generales para todas las categorías, “Razonamiento lógico y matemático”, “comprensión lectora” y “generales”, y los profesionales deberán responder un módulo más sobre “Administración Pública Nacional”.

En UPCN ya tienen el dato de que se aprobará con un 60% de las respuesta correctas, aunque no terminan de darlo por confirmado. “Si ese 60% necesario para aprobar se obtiene sin contestar un módulo, igual el examen estará aprobado”, avisan a sus afiliados. 

Los trabajadores de las categorías A y B deberán rendir como profesionales, mientras que quienes tengan título profesional pero estén contratados como administrativos tendrán que rendir en esa categoría. Los exámenes comenzarán a partir de la segunda semana de diciembre, y cada trabajador tendrá tres intentos para aprobarlo, todo en el transcurso de este mes. A su vez, esta semana se realizará una prueba piloto con 200 trabajadores de la planta permanente.

“Estimados/as,  desde la delegación armamos estos formularios para que cada uno sepa qué preguntas estudiar. La idea desde este lado es ver en qué cosas la gente suele tener dudas y de ahí podemos armar alguna capacitación más especializada”. El mensaje interno circula entre afiliados de UPCN y ofrece distintas categorías de examen para que cada trabajador pueda ingresar según lo que le toque. 

El sindicato habilitó una plataforma con la Fundación Unión para sus afiliados realicen simulacros del examen. ATE también posee estos simulacros, y desde ambos sectores ofrecen a sus afiliados clases de apoyo para sortear correctamente la instancia. “Me saqué 9 sin estudiar, es una boludez, es más que nada para decir que tomaron un examen”, comentó a Diagonales un estatal que realizó los simulacros. 

Más allá de que resulta evidente que el Gobierno nacional no tiene otra finalidad con esta medida que la de perjudicar a los estatales y vender humo para la construcción de su relato, las condiciones en las que se llevará a cabo son extremadamente polémicos. Desde ATE y UPCN salieron con fuerza a criticar la decisión del Ejecutivo, exponiendo los niveles de improvisación y falta de criterios para su realización.

“Expresamos un enérgico repudio al Sistema de Evaluación Pública (SEP), una propuesta que - lejos de cumplir con los estándares de una evaluación seria y pertinente - se presenta como un mecanismo improvisado que vulnera los derechos laborales”, manifestaron desde el sindicato que comanda Andrés Rodríguez. Entre los aspectos que denuncian destacan la falta de una normativa clara, y la “falta total de planificación y transparencia”. Agregan que el sistema “no contempla la especificidad de las funciones que desempeñan los trabajadores”, y que “es inaceptable que a trabajadores y trabajadoras de oficios esenciales, cuyos contratos datan de décadas atrás, se les exija conocimientos ajenos a sus funciones”.

Como ejemplo, UPCN menciona que “resulta absurdo y ofensivo que profesionales de la salud, que estuvieron en la primera línea durante la pandemia, sean evaluados sobre temas como la Ley de Administración Financiera, completamente alejados de sus responsabilidades y aportes a la sociedad”.

Desde ATE, por su parte, fueron aún más a fondo con su reclamo y convocaron a un paro con movilización para este jueves 5 de diciembre. En el pliego de la jornada de lucha se incluyen el repudio a los exámenes de idoneidad, así como también la perdida del poder adquisitivo en los salarios estatales. 

Allí hay una fuerte diferencia entre ATE y UPCN. Recientemente, Andrés Rodríguez firmó una paritaria del 3% para los meses de noviembre y diciembre. Desde ATE rechazaron la propuesta y se opusieron al acuerdo unilateral por parte de UPCN con el Gobierno nacional. “El Gobierno quería 0% de aumento y logramos 1%”, remarcó el titular de UPCN a modo de justificativo. Rodríguez es, hoy por hoy, una de las principales patas del sindicalismo dialoguista que negocia con Milei, y frente al cual empiezan a diferenciarse sectores como el encabezado por Camioneros, con la reciente renuncia de Pablo Moyano a la conducción de la CGT como emergente más resonante.

En ATE dicen estar capitalizando esta actitud colaboracionista de UPCN con el Gobierno nacional, y recientemente informaron que alrededor de un 10% de los afiliados de UPCN se habrían pasado a ATE. “Estamos muy cerca de ser el sindicato mayoritario en el Estado nacional Tenemos que cambiar la correlación de fuerzas para frenar el ajuste. Vamos a quitarle la lapicera a esos que firman aumentos a la baja. Vayamos a buscar a todos los Ministerios, a todos los organismos, a las trabajadores y trabajadores para que se sigan afiliando a ATE”, lanzó recientemente con un video por redes Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional.

Con la discusión instalada en el seno del sindicalismo, lo cierto es que el Gobierno nacional avanza en sus políticas destructivas para con el Estado y gran parte de su éxito consiste en instalar sentidos en la sociedad. Luego de un año de brutales ataques a los estatales en  términos de discurso, despidos y pérdida salarial, el oficialismo cerrará el 2024 con un examen sin criterios, improvisado, que no garantizará ninguna mejora en el funcionamiento de la administración pública y que significa un gasto totalmente innecesario. Ataques a los trabajadores y humo para la opinión pública, para eso sí hay plata.