El saldo de la represión: Alrededor de 30 detenidos y más de 200 heridos

Desde las 9 de la mañana del miércoles, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, desplegó un fuerte operativo en los alrededores del Congreso para no dejar que los miles de manifestantes que se concentraron para rechazar la Ley Bases pudieran acercarse al Palacio Legislativo. 

Sin provocaciones ni acciones violentas por parte de los manifestantes, las fuerzas federales (Policía Federal, Prefectura y Gendarmería) arrojaron gas pimienta a la cara a decenas que personas, entre ellos trabajadores de prensa y diputados nacionales que acompañaban la movilización. 

Cerca del mediodía, luego de que se retirara la CGT de la marcha, las fuerzas de seguridad intensificaron la represión con camiones hidrantes y un grupo de manifestantes respondió arrojando piedras. Desde ese momento, la tensión y la violencia sólo escalaron.

Autos incendiados, jubilados golpeados y gaseados, trabajadores de prensa heridos y numerosas denuncias contra el accionar policial. 

Durante la jornada se reportaron 35 detenidos y, según información oficial del Gobierno, 20 policías heridos. 

Sin embargo, el grueso de los heridos se dieron dentro de los manifestantes. Según la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), más de 200 personas fueron afectadas seriamente por los gases químicos y las postas de goma “disparados de manera indiscriminada por la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería Nacional”. 

“La avanzada del despliegue represivo incluyó el uso de los camiones hidrantes para lanzar agua contra las y los manifestantes. Detrás de los camiones hidrantes, los grupos de Motorizada avanzaron sobre la plaza obligando el repliegue de las columnas que permanecían aún frente al Congreso”, describieron.

Además, aseguraron que “entre las personas heridas por los gases, hay trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos, incluidos integrantes de nuestros equipos que están monitoreando el despliegue de las fuerzas de seguridad”.

En esa misma línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que se trató de un “operativo de represión” que escaló de “manera desproporcionada”. 

El CELS detalló que las fuerzas de seguridad estaban usando balas de gomas, camiones hidrantes, gases lacrimógenos MK- 9 y denunció que había efectivos de la Prefectura portando armas de fuego.

Además, varios organismos de Derechos Humanos y manifestantes señalaron que la Policía arrojó en muchos casos gases lacrimógenos vencidos desde 2022.