Golpe a los enemigos de la emisión: Denuncian a Caputo por aumentar 209% la base monetaria en un año
El ministro de Economía y el titular del BCRA fueron acusados penalmente de administración fraudulenta y abuso de autoridad tras cuadruplicar la cifra de la gestión de Alberto Fernández.
Al igual que sucede con el presidente Javier Milei, las denuncias se acumulan en la oficina del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, quien en las últimas horas fue notificado de una fuerte acción penal en su contra por la comisión de delitos como funcionario del Gobierno Nacional. La medida judicial acusa al titular del Palacio de Hacienda de “administración fraudulenta” y “abuso de autoridad” por aumentar un 209% la base monetaria en tan solo un año – más de cuatro veces la cifra de la gestión de Alberto Fernández.
La situación es grave por tratarse de una denuncia penal ya en manos de la Justicia y por involucrar, junto a “Toto” Caputo, también a su amigo Santiago Bausili, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En concreto, el texto señala que los funcionarios libertarios incurrieron en “los delitos de administración fraudulenta y abuso de autoridad” ya que en 2024 el Gobierno Nacional “incrementó la Base Monetaria (BM) llegando a $27,2 billones, provocando un aumento anual de la base monetaria del 209%”.
Según postula el escrito, el estratosférico número supera ampliamente la cifra dejada atrás por el Gobierno de Mauricio Macri (34%) e incluso cuadriplica la estadística de la gestión de Alberto Fernández, que fue del 50%. Cabe destacar que la estadística surge de los informes monetarios mensuales publicados por el BCRA y “fue advertida por diversos economistas y medios periodísticos” durante los últimos meses, ya que, según plantearon, el fenómeno puede desencadenar alarmantes consecuencias a nivel nacional.
En ese sentido, la denuncia insiste en que este hecho explicaría la magra situación de la economía argentina: “El aumento de la Base Monetaria implica una emisión masiva de dinero, lo que ha generado un impacto directo en la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos toda vez que los ingresos no logran ajustarse al ritmo del aumento de precios. Este desfasaje se traduce en una menor capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda y servicios esenciales”. Por todo ello, todo indica que Caputo deberá dar respuestas a las autoridades judiciales competentes.