Lo que hace unas horas se dio a conocer y que se convirtió en un escándalo, en la previa al tratamiento de la Ley Bases en el Senado, infiere una cadena de arreglos subterráneos entre el Gobierno nacional y los representantes de la oposición, a los que ahora se suma la corporación judicial.

La senadora por el Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell fue denunciada esta mañana luego de que se difundiera un “acuerdo” firmado por el Ejecutivo para designarla como “Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria” y “delegada permanente de la República” frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París.

Se acusa a la legisladora por el delito de “cohecho” y, tras el sorteo, la causa quedó en el juzgado de Ariel Lijo. El juez federal de Comodoro Py queda en el medio de las sospechas por su buena sintonía con el Presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona.

El actual titular de la cartera de Justicia fue su abogado defensor en una causa en la que el juez Julian Ercolini lo investigaba junto a su hermano operador “Freddy” Lijo por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias.

Las especulaciones son que Crexell votaría afirmativamente la “Ley Bases” que se trata en el Senado y luego se subiría a un avión para irse a vivir a París. En ese lugar funciona la sede del organismo de las Naciones Unidas.

Por su flamante puesto cobrará una cifra colosal: 20.000 dólares por mes. Esta cifra configura uno de los sueldos más elevados del aparato diplomático argentino y multiplica varias veces el salario del presidente de la Nación.

El Gobierno se empeña en que le salga bien la doble jugada.