Las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso de la Nación a Javier Milei le permiten al Presidente eliminar funciones y estructuras jurídicas de entes y organismos del Estado. Con esas herramientas en mano, el Gobierno prepara un decreto motosierra para eliminar alrededor de 60 organismos. 

El encargo de diseñar el texto es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien trabajo junto a su equipo para preparar el respaldo legal de cada una de las disoluciones. 

En la actualidad, el Sector Público Nacional (SPN) tiene 43 organismos desconcentrados y 73 organismos descentralizados. Cuando se aprobó la reforma del Estado con la Ley Bases se exceptuaron 32 que no pueden disolverse como CONICET, ANLIS, ANMAT, CNEA, CONAE, INCUCAI, INTA, SENASA, entre otros. 

De todas maneras, desde Presidencia informaron que la eliminación de los casi 60 organismos que pretenden suprimir implica que miles de trabajadores pasarán a disponibilidad. El artículo 52 de la Ley Bases establece que el personal estatal podrá tener un año de goce de sueldo a la espera de que ser reubicado. Pasado ese tiempo, si no le fueron asignadas otras tareas, puede ser despedido. 

Además, la nueva legislación habilita al Ejecutivo nacional a no pagar indemnizaciones en caso de encontrar “irregularidades”, como inasistencias injustificadas, el abandono de tareas o el incumplimiento de horario.

En paralelo, Milei quiere avanzar con la reducción de los trabajadores estatales contratados. En los primeros seis meses, ya se achicó el número de empleados precarizados de 72.000 a 48.000, pero el Gobierno insiste con desplazar a todos antes del 2026.