A pesar de las estadísticas, la oposición en PBA sabe que con la agenda “inseguridad” tiene capacidad de daño
Con el crimen de Kim ocurrido en La Plata, por el que fueron detenidos un joven de 14 años y otro de 17, el PRO y LLA buscan mostrar el discurso de “mano dura” como la llave de la victoria electoral. Desde la “bala” que pide Espert, pasando por la modificación del régimen penal juvenil de Bullrich, hasta el pedido de Agustín Romo linchamiento de los delincuentes. Los verdaderos números del delito en la Provincia de Buenos Aires
El dolor y la conmoción por el asesinato en La Plata de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió tras ser arrastrada quince cuadras por dos delincuentes de 14 y 17 años que habían robado el auto de la mamá de la niña, generó un malestar social que la política (opositora) busca capitalizar.
La congoja y el hartazgo de los vecinos de la ciudad capital bonaerense quedaron expresados con la masiva congregación en el centro del distrito para protestar por la inseguridad y reclamar justicia para la familia de la víctima, con momentos de tensión en el Palacio municipal de La Plata. El reclamo por mayor seguridad en el Conurbano se impone día a día, y la oposición al gobernador Axel Kicillof busca dar el golpe con la agenda que más le queda cómoda: la mano dura.
Mientras el mandatario provincial aun no sale a brindar declaraciones públicas, lo que se sabe es que desde la Gobernación insistirán con el desfinanciamiento de fondos que el gobierno nacional que encabezan Javier Milei y Patricia Bullrich en el área de Seguridad retacea en el marco del Fondo de Seguridad, con una quita de recursos que ronda los 750 millones de pesos.
En la provincia más grande del país, la seguidilla de homicidios en el Conurbano tras situaciones de robos en la vía pública y con tiroteos entre delincuentes y fuerzas de seguridad, incrementan el malestar social. En el agregado del último año, los robos denunciados en la Provincia de Buenos Aires (PBA) subieron en 2024, aunque la estadística arrastra números relativamente más bajos que la media nacional.
Según las cifras que dio el Ministerio de Seguridad en un informe que dará a conocer ante la ONU, la PBA registró la mayor cantidad de hechos denunciados. Fueron 128.477 casos, lo que implica un aumento del 18 por ciento con respecto a 2023, cuando se registraron un total de 107.769.
En comparación con otras jurisdicciones, la Provincia figura en la decimocuarta posición a nivel país en cuanto a la tasa de robos, y se mantiene por debajo del total país, que tiene un promedio de delitos leves de 1000 cada 100 mil habitantes. Cabe señalar que estos delitos excluyen los ítems de lesiones y de muertes, y que si el robo no se denuncia formalmente, no puede ingresar al sistema de datos.
Los números que releva el Sistema Nacional de Información Criminal indican que el total de hechos denunciados en Argentina pasó de 455.271 en el año 2023 (con una tasa de 1050 cada 100.000 habitantes), a 471.077 en el 2024 (es decir, una tasa de 1000 cada 100.000 habitantes).
LA OPOSICIÓN SE REARMA
Un tema en el que hay más facilidades para que confluyan las agendas del PRO y de LLA en la Provincia de Buenos Aires, de cara a las negociaciones por cargos legislativos en las elecciones de medio término, es el de la inseguridad, con la mirada puesta en la responsabilidad penal juvenil.
Estos sectores buscan interpelar en el Senado provincial al ministro de Seguridad de PBA Javier Alonso. Esto había quedado de manifiesto con el pedido del senador del PRO bonaerense Alex Campbell, que está por perder estado parlamentario y con otra iniciativa similar de parte del exarmador de Milei, hoy aliado del oficialismo en la Cámara alta provincial, Carlos Kikuchi, que puede tratarse a partir de marzo.
Mientras tanto, llueven declaraciones altisonantes por doquier, buscando enardecer un clima que ya viene caldeado por el temor a los robos callejeros y los homicidios.
Bullrich volvió a cargar contra Kicillof por las demoras en el Congreso para tratar la reforma del Régimen Penal Juvenil que presentó el gobierno nacional en julio del año pasado. En este proyecto que elaboraron los ministerios de Justicia y de Seguridad se propone la baja la edad de punibilidad de 16 a 13 años, se amplían los delitos por los que podrán ser juzgadas las personas menores, y se habilita la aplicación de penas más largas.
“Su tratamiento debe ser ¡URGENTE! Los argentinos no podemos esperar más. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes, y menos aún de los reincidentes”, planteó la ministra.
El diputado nacional José Luis Espert, viejo/nuevo aliado de Milei y posible candidato en los comicios de este año, volvió a reiterar su furibundo pedido de “bala” para los autores del crimen de Kim. Por su parte, el legislador “libertario” Agustín Romo escrachó a los jóvenes delincuentes y pidió su linchamiento público.
Desde el PRO bonaerense que conduce Cristian Ritondo emitieron un comunicado en el que confrontan directamente contra Kicillof: "La Provincia está tomada por el delito". Añadieron que el crimen de Kim "no es un hecho aislado, es el resultado de un Gobierno provincial al que no le importa la seguridad de su gente".
En el partido amarillo, volvieron a pedir por la Ley de Reiteración y la baja de edad de la imputabilidad, exigieron un aumento de penas cuando las víctimas son menores, y la intervención de las fuerzas federales.
Además de apuntar contra el oficialismo provincial, los sectores de la oposición más fervientes tienen en la mira al senador por LLA Joaquín de la Torre que preside la comisión de Seguridad desde septiembre del año pasado, pero que solo han convocado a una reunión hasta la fecha.
El gobierno nacional, mientras tanto, sigue promocionando su plan Plan 90/10, con el que busca reforzar la seguridad en las zonas de mayor riesgo del país, con especial foco en el Conurbano. Los controles operativos de las fuerzas federales se realizan en algunos municipios calientes como Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, San Martín, Tres de Febrero y Morón.
El operativo “cerrojo” que impulsa Bullrich incluye refuerzos de seguridad en barrios de alta densidad poblacional, la incautación de sustancias ilegales y armas; el control de acceso en barrios críticos, patrullajes para verificar pedidos de captura, uso de pistolas Byrna y Taser en puntos de alta circulación; y, controles en medios de transporte.