Este martes, la Cámara de Diputados de la Nación debatirá la modificación del impuesto a las Ganancias, una promesa de campaña de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de 2015.

Desde que Cambiemos llegó al poder, hace un año, este impuesto sufrió modificaciones sustanciales. El Poder Ejecutivo aumentó el mínimo no imponible, es decir el piso a partir del cual un empleado en relación de dependencia es alcanzado por el gravamen, casi en un 100%. El costo fiscal de esta medida fue de $50 mil millones, lo que demandó un esfuerzo compartido entre la Nación y las provincias, ya que se trata de un tributo coparticipable.

Luego de un año extremadamente difícil para el país y todos los argentinos, en el cual el Gobierno tuvo la valentía de reconocer que la pobreza -aquella que el kirchnerismo ocultó- abarca a un tercio de nuestra población, el Congreso comienza ahora a debatir un sistema tributario más justo.

Nuestra intención es que esta discusión se de en el marco de la sensatez y de la responsabilidad de todos los actores políticos. Por eso el proyecto que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara Baja fue convenido previamente con los gobernadores, que son quienes deberán ceder recursos para costear cualquier mejora que se realice en la estructura del impuesto a las Ganancias.

El proyecto del Ejecutivo tuvo, además, sustanciales mejoras hechas por los legisladores de Cambiemos, como la posibilidad de deducir el alquiler de una vivienda única o los viáticos, o la creación del impuesto sobre las máquinas tragamonedas. Estas modificaciones tienen por objeto hacer más equitativo un impuesto que filosóficamente se considera progresivo , pero que perdió esta condición porque durante los 12 años del kirchnerismo hubo una cerrazón a actualizar las escalas y alícuotas, lo que multiplicó la cantidad de contribuyentes y ocasionó que gran parte de quienes tributan Ganancias deban pagar las alícuotas más altas.

Este es el principal cambio que realiza el dictamen del oficialismo que este martes se debatirá se modifica la estructura del impuesto. La alícuota hasta ahora más baja pasará del 9 % al 5 % y quien comience a pagar el impuesto por un año pagará una alícuota de sólo 2 %. De este modo, la gran mayoría de contribuyentes que hoy pagan alícuotas del orden del 20 al 35 %- verá reducida la afectación que sufre de sus ingresos, es decir pagará menos. Además, se eleva de 10.000 a 61.000 pesos el monto de la ganancia neta imponible acumulada, esto significa el umbral de ingresos a partir del cual se aplica el gravamen.

Luego de más de una década en la que el Congreso estuvo cerrado a la discusión y en la que la presión fiscal creció a un ritmo asfixiante, este martes los legisladores daremos un paso enorme, que la sociedad reclama.

Es importante remarcar por ello que cualquiera sea la decisión que se tome en el recinto, ésta deberá tener razonabilidad y responsabilidad. Sancionar leyes que terminen desfinanciando a las provincias y a la Nación, desconociendo la delicada situación económica argentina, no es ni puede ser un camino aconsejable.

Se trata de una decisión de madurez política sancionar una ley posible, que continúe con el camino de actualización progresiva de un impuesto que ha venido castigando a la clase media y, a la vez, lograr que la misma ley le permita al Presidente y a los gobernadores atender la difícil situación de los más necesitados.