El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que tras 14 años el Ejecutivo habilitó la exportación de chatarra y residuos metálicos. La venta al exterior de estos materiales estaba prohibida desde 2009, restricción que el funcionario calificó de “nociva” porque afectaba a distintos sectores productivos. Sin embargo, la medida esconde un negocio millonario que beneficia directamente a empresas vinculadas con un funcionario libertario y podría dejar a las pymes dedicadas a la fundición al borde del cierre. 

La chatarra ferrosa es muy demandada en el mundo y se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de tuberías y conductos para sistemas hidráulicos y de calefacción, la onstrucción de viviendas, ferrocarriles, automóviles, contenedores industriales, y grandes estructuras, en la fabricación de motores y electrodomésticos; y en la producción de maquinaria industrial y herramientas. Por ese motivo, la liberación de la exportación de chatarra tiende a la primarización de la economía dado que fomenta la venta al exterior del material sin ningún tipo de valor agregado y que la industrialización se lleve adelante en otro país. 

Sin embargo, Sturzenegger celebró la medida y la presentó como beneficiosa para muchos sectores de la economía. “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, confirmó. 

Para el ministro, la prohibición “era nociva por varios motivos”. En primer lugar, el funcionario sostuvo que la restricción deprimía el precio local de los desechos y eso “desincentivaba el reciclado”. Pero lo más importante para Sturzenegger es que “prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse)”. 

"En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, afirmó. 

Y continuó: “De esta manera esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos". 

"La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días. Pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto). La eliminación de este tipo de medidas es el triunfo de la libertad por sobre el lobby”, lanzó y aprovechó para deslizar una crítica al jefe del PRO. 

Sin embargo, tal y como lo reconoció el propio Sturzenegger, la liberación de la exportación de chatarra ferrosa provocará un aumento de los precios del insumo, debido a que esos desperdicios ya en la actualidad son escasos en el mercado interno. De esta manera, la medida afectará a empresas locales siderúrgicas como Acindar, ya fuertemente golpeada por la recesión, y especialmente a las pymes del sector. 

En cambio, la medida tendrá sus beneficiarios: las empresas con capacidad de reciclar y exportar chatarra; compañías vinculadas al director nacional de Residuos del gobierno de Javier Milei, Gustavo Fernández Protomastro. 

Es que además del cargo que ocupa en el Ejecutivo, el funcionario es también socio-gerente (en uso de licencia) de una empresa que realiza consultoría y gestión ambiental en el negocio de la chatarra tecnológica.