Freno a la motosierra: La Justicia prohibió recortes a programas contra la violencia de género
El tribunal en lo Contencioso Administrativo Federal negó la apelación del Ejecutivo y ratificó la cautelar que impide eliminar planes de prevención y asistencia a mujeres y niños. Revés para Milei.
Mientras el presidente Javier Milei lleva la “batalla cultural” al terreno político con escandalosas declaraciones sobre los femicidios y contra los homosexuales, este viernes la Justicia le aplicó un freno a la motosierra libertaria y prohibió que el Gobierno Nacional avance con recortes a programas contra la violencia de género o con cualquier eliminación de planes de prevención y asistencia a mujeres y niños. La medida judicial mantiene en pie la cautelar vigente y declina así la apelación solicitada por el Poder Ejecutivo.
A través de la resolución 11167/2024, la Sala de Feria A de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido del Gobierno libertario y ratificó la vigencia de la cautelar que impide que el ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, quien hoy volvió a alentar la eliminación de la figura de “femicidio” del Código Penal, reglamente recortes a la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género o a los Centros de Acceso a la Justicia.
La resolución busca que el Estado Nacional dé cumplimiento efectivo a sus obligaciones en materia de violencia de género tanto con los organismos públicos existentes como por medio de los programas de prevención contra la violencia de género y de asistencia a las víctimas directas e indirectas; áreas que han sufrido el desguace y el ajuste de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y que podrían ser afectadas por la flamante “Ley de Igualdad ante la Ley” que el oficialismo planea tratar en el Congreso durante las sesiones ordinarias.
En ese sentido, la Justicia advirtió que el Gobierno Nacional también estará impedido de “realizar otras medidas de reorganización” en los sectores y planes afectados por el dictamen judicial. Además, exigió que “se sostenga la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de los organismos” correspondientes. De este modo, el tribunal terminó de rechazar el planteo del Poder Ejecutivo, que había apelado la cautelar para continuar con los recortes en las áreas.