De un plumazo, el Gobierno de Javier Milei fijará a su sola discreción el monto del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil en la Argentina, que actualmente se halla en los $234.315 mensuales y ostenta el triste récord de ser el peor sueldo básico de los últimos 30 años. Así quedó definido tras una fallida reunión entre el sindicalismo, el sector empresarial y el Poder Ejecutivo Nacional, que puso a un subsecretario al frente del encuentro. Las agrupaciones obreras calificaron como “insólitas” las propuestas ofercidas en el mitin.

Licuadora y lapicera en la Argentina de la libertad: de nuevo, la administración de Milei determinará unilateralmente el valor del piso de los ingresos para los trabajadores formales. Es sabido que su gestión guarda una actitud reacia hacia el indicador: tras asumir el poder, en un primer momento intentó suspender de cuajo las actualizaciones del mínimo, aunque luego accedió a celebrar unas escasas y poco frecuentes reuniones tripartitas ue fueron infructuosas las más de las veces.

Ahora el escenario es urgente: el sueldo básico fue ajustado por última vez en mayo, cuando quedó en unos $234.315 mensuales. Actualmente, ese monto implica el peor poder adquisitivo de los últimos 30 años en la Argentina – para graficar la crisis, una familia tipo necesita ganar cuatro veces esa cifra solo para no caer en la pobreza. En ese marco, el encuentro del Consejo del Salario era urgente, mas volvió a fracasar este jueves y, ante ello, el Gobierno lo fijará otra vez por decreto, como hizo dos meses atrás.

Entre medio, lo que pasa es la vida, con propuestas consideradas “insólitas” e idas y vueltas entre los miembros de la mesa tripartita. El sindicalismo, representado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA y CTA Autónoma), buscaba llevar el salario mínimo a unos $482 mil mensuales en julio y a unos $505 mil en agosto, una suba del 116% que ayudaría a mermar la licuación del poder adquisitivo instrumentada desde el Gobierno.

Los miembros del sector privado difirieron: apegados a la variación de la inflación, las empresas solo pidieron unos $245 mil en julio y $253 mil en agosto, lo que en la práctica implica virtualmente ninguna actualización en absoluto. La oferta fue calificada como “insólita” y repudiada por el sindicalismo. Ante el desacuerdo, el Poder Ejecutivo decidió, por disposición del subsecretario Martín Huidobro -el funcionario de mayor rango enviado por el Gobierno- arrobarse el derecho de fijar, nuevamente y por decreto, el sueldo básico de los argentinos.