Nadie oculta el “recorte” presupuestal

Según datos del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) —que reemplaza al Sidif Central y Sistema Local Unificado (SLU)—, el Gasto Total presupuestado (expresado en moneda nacional a precios corrientes) entre 2021 y 2024 es el que se muestra en la siguiente tabla (ver Tabla 1).

Así, con base en estos rudimentarios datos, y recordando que la inflación acumulada del año 2023 alcanzó el 211,4 %, el “recorte” presupuestal resulta un chiste que se cuenta solo. Sin necesidad de abrumar, veamos esos datos desde una perspectiva un poco más desagregada (ver Tabla 2).

La Tabla 2 puede interpretarse como una herramienta de aproximación a los criterios (distributivos) del Gobierno en la asignación presupuestal. Aunque el Poder Ejecutivo, conforme a la normativa vigente, confeccionó un presupuesto con base al existente del año 2023, se puede observar que utilizó criterios de asignación diferentes al anterior Gobierno. Los porcentuales expuestos en azul muestran las preferencias distributivas del Gobierno durante su primer año de Gobierno, mientras que los porcentuales en color rojo denotan las intenciones correctivas de la actual administración.

En resumen, si consideramos el Gasto Total Presupuestado como el conjunto de bienes y servicios públicos que la Administración Nacional oferta a los ciudadanos, conviene destacar dos asuntos. Primero, el incremento nominal del Gasto Total Presupuestado para el año 2024 estuvo muy por debajo de la inflación acumulada durante el año 2023; por tanto, el “recorte” presupuestal operó en términos reales sobre la cantidad y/o calidad de los bienes y servicios públicos, sus costos operativos o la infraestructura para proveerlos. Segundo, montado sobre el “recorte” presupuestal, el Gobierno estableció nuevos criterios de asignación, que, como era de esperarse, generaron ganadores y perdedores. Finalmente, resulta necesario recordar que los ciudadanos pueden percibir y sentir el “recorte” presupuestal de diferentes maneras porque, entre otras cosas, las herramientas contables que posee la contabilidad pública (p. ej. entre lo devengado y percibido en la ejecución presupuestal afecta de múltiples maneras la ejecución presupuestal) resultan muy efectivas para manejarse a lo largo del ejercicio presupuestal.

En Argentina, después de mucho tiempo, asistimos a un sorprendente acuerdo sobre los hechos: hay un “recorte” presupuestal, dado que lo que la oposición critica, el Gobierno no lo niega; incluso, se ufana de ello. Sin embargo, acordar sobre los hechos no es garantía para otro tipo de acuerdos. Le debemos al filósofo estadounidense Charles L. Stevenson (en su Ética y lenguaje, de 1944) la diferenciación entre desacuerdos de hechos (él los denominaba de creencias) y de actitudes. El Gobierno (más una escuadra móvil de aliados) y la oposición están, lo que resulta no poco sorprendente, de acuerdo en que hay un “recorte” presupuestal; el desacuerdo no está en los hechos sino en las actitudes manifestadas sobre él. El Gobierno lo evalúa súper satisfactoriamente, mientras que la oposición lo desaprueba. El asunto está en cómo evaluar los hechos, lo que da cuenta de una batalla campal de largo aliento. Su próxima escaramuza será muy pronto cuando el Congreso tenga que tratar el presupuesto del año próximo. Se abre así un juego múltiple: por un lado, el de la persuasión y la retórica, por otro, la negociación y el compromiso. En este escenario, cada actor sacará a relucir su ábaco y la palabra “recorte” jugará un rol central en más de un sofisma.